Bankia: Juzgar a los responsables y mantener el empleo

La reciente intervención de Bankia, la destitución de su presidente, Rodrigo Rato, y el nombramiento de Goirigolzarri, nos muestran un nuevo acto del drama de las entidades financieras españolas. Ya nos vamos acostumbrando a la caida continua de entidades, unas tras otras,en la mayoría de los casos cajas de ahorro, aunque no podemos descartar a ningún banco, mes a mes. Los esfuerzos por fusionarlas, han demostrado ser ineficaces para solucionar los problemas que arrastraban, los procesos sumamente burocráticos y excesivamente lentos para los tiempos que corren, jugaron en su contra.

Si hace unos años las cajas de ahorro manejaban la mitad del negocio y competían en solidez con los grandes bancos, ¿que ha ocurrido en estos últimos años? El estallido de la burbuja inmobiliaria, a la que contribuyeron no solo los mercados financieros, la ley del suelo del PP y el modelo municipal español, que depende para la obtención de ingresos de la recalificación del suelo, son solo algunos de los elementos que nos pueden ayudar a entender lo que está pasando. La competencia con los bancos les empujó a arriesgarse en la concesión de créditos aún peligrando su devolución. Cuando empieza la liberalización, los depósitos de los clientes, no dan para financiar la expansión crediticia, y por ello, estas entidades financieras se endeudaron en los mercados europeos de capital.

Pero son los préstamos otorgados a promotores inmobiliarios para compra del suelo y construcción la principal causa de la crisis que atraviesa estas entidades ya que no estan contabilizados los riesgos a un precio adecuado. El aumento de la morosidad y los impagos, inducen a refinanciar deudas y a quedarse con promociones de empresas en crisis. Si al crédito concedido sumamos el importe de los inmuebles, cuyos precios continuan bajando, que pasaron a ser su propiedad, observamos que se han ampliado los riesgos. Las cajas podían cumplir una función socioeconómica clara. Facilitar crédito al tejido productivo social, con criterios de interés universal, sostenibilidad, solvencia y viabilidad económica. Ha fallado el modelo de negocio, además de la corrupción que supone la concesión de importante créditos a determinadas empresas con vinculaciones a instituciones de todo tipo, partidos, organizaciones empresariales y sindicatos institucionales , lo que conforma una política de huida hacia adelante.

En enero de 2010, Rodrigo Rato toma las riendas de Cajamadrid. Algunos meses más tarde, anuncia la fusión de esta entidad con otras cajas con problemas, destacando por su volumen Bancaja, además de Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja de Avila, de La Rioja y de Segovia. Así se pone en marcha Bankia (con una participación dominante de Caja Madrid, 52,06%, y de Bancaja, 37,7%). El Banco Financiero y de Ahorros (BFA) es el accionista mayoritario de Bankia y se le asignan los activos más tóxicos. Entre el verano de 2011 y la primavera de 2012 las acciones pierden cerca del 40 % de su valor. El cierre del 20% de sus oficinas y el recorte de plantilla no tuvo ningún impacto en términos contables.

La crisis de Bankia pone en evidencia a este gobierno al servicio de capital, dedicado a explotar a los trabajadores, a recortar los servicios públicos, a privatizarlos y a subir los impuestos indirectos. Todo esto se hace para asegurar los negocios millonarios de los grandes capitalistas.

El respaldo del Estado a Bankia, desde el inicio de la crisis financiera en 2008, ha sido ingente, tratando de reflotar una entidad que era el buque insignia de PP. En Marzo de 2011 recurre a un préstamo del FROB por 4.465 millones, ahora se ha solicitado su conversión en acciones del Banco Financiero de Ahorros, lo que va a suponer que el Estado se hará con cerca del 100% del capital de BFA, y por tanto controlará una participación mayoritaria en Bankia. La decisión, además, coincide con los planes del Gobierno de poner en marcha de forma inminente un “plan de saneamiento” que prevé la inyección de cerca de 10.000 millones de dinero público con el objetivo de cubrir su riesgo inmobiliario. La nueva dirección de Bankia ha hecho aflorar nuevos desajustes que elevan la cifra cerca de 20.000 millones de euros. Durante este tiempo han llevado a la ruina a varios cientos de miles de pequeños depositantes, que compraron unas acciones que valen muy poco y que no van a estar en disposición de repartir dividendos.

Las pretensiones de la Unión Europea y el BCE tratan de evitar la quiebra del sistema bancario español (con 320.000 millones comprometidos en el "ladrillo", 184.000 “tóxicos”). Esta quiebra arrastraría a los grandes bancos europeos, sobre todo a alemanes y franceses, que son los grandes acreedores de la banca española. Por eso han exigido del Gobierno rescates millonarios y no les importa que se dispare la Deuda Pública española.

Las cajas son un suculento bocado para los grandes bancos que pretenden obtenerlas, lo más ligeras poosibles de plantilla y activos tóxicos. Esperan quedarse con las cuotas de mercado de las entidades, ya sean absorbidas o troceadas. El Estado debe hacer valer su derecho de propiedad. La nacionalización de Bankia era obligada para evitar el riesgo sistémico. Si entra capital público se debe preservar el empleo, dar garantías a los clientes y modificar la naturaleza del negocio enfocandolo hacia los ciudadanos, pymes y las actividades productivas y de interés social. No se puede utilizar dinero público para salvar las cajas de ahorro y después venderlas a precio de saldo a la banca privada y a los fondos de inversión. Hay que recordar que sólo el año 2011 la directiva de Bankia cobró 32 millones, y de ellos, más de 5 para Rodrigo Rato. Son los grandes accionistas y los grandes acreedores de Bankia quienes deben hacerse cargo de ellas y no el Estado con nuestro dinero. Por el contrario, Bankia debe ser expropiada y pasar a manos del sector público, siendo administrada por gestores sociales, cubriendo una función de servicio social con criterios de interés ciudadano y respeto ambiental.

Desde CGT, no podemos conformarnos solo con buenos deseos, es necesario, que los gestores de las últimas décadas justifiquen su gestión, ¿Qué pasaba con los Consejos de Administración? ¿Qué papel han representado los sindicalistas de CC.OO. y UGT en esos consejos? El director del Banco de España y los responsables actuales y los del último año en estas cajas deben ser juzgados, no solo no han realizado las funciones de vigilancia y control asignado, sino que se han prestado a facilitar procesos a sabiendas que se basaban en datos erróneos. Ya esta bien de tomarnos el pelo y de pagar los de siempre.**Privatizan los beneficios y nacionalizan las pérdidas.** Ahora, indican que Bankia necesitará además, 20.000 millones para cumplir con unos criterios lógicos ¿De donde va a salir ese dinero? Desde luego, no nos fiamos de Goirigolzarri, uno de los ejecutivos mejor pagados del mundo, y de la labor que va a desarrollar, reducir la caja a un papel mínimo y reducir su plantilla para después privatizarla. Desde CGT, vigilaremos este proceso y sobre todo, es nuestra principal preocupación el mantenimiento de los puestos de trabajo.